Las ARL deben capacitar y prestar asistencia técnica para el diseño y la implementación de los programas de promoción y prevención y los sistemas de vigilancia epidemiológica de los factores de riesgo psicosocial prioritarios. Por lo tanto la responsabilidad de la medición no puede ser asumida por las ARL.
Actualmente la batería de instrumentos del Ministerio es la única herramienta que cumple con los criterios técnicos establecidos en la Resolución 2646 de 2008: contar con las variables mínimas a evaluar, ser una metodología estandarizada o validada en el país y garantizar que la información guarde la debida reserva y confidencialidad.
La identificación y evaluación de factores de riesgo psicosocial deben ser desarrolladas por un examinador experto, el cual, de acuerdo con la Resolución 2646 de 2008 corresponde a un psicólogo con posgrado en salud ocupacional con licencia de prestación de servicios vigente, ya que la información está sometida a reserva según la Ley 1090 de 2006 que reglamenta la profesión de la psicología.
La información recopilada durante la aplicación de los instrumentos y los archivos magnéticos que se conciban con los datos deben manejarse con absoluta confidencialidad.
Los resultados o reportes individuales de la evaluación de factores e riesgo psicosocial y de la evaluación de estrés deben incluirse en la historia clínica ocupacional de cada trabajador; la guarda y custodia de las historias clínicas debe estar a cargo de médicos especialistas en salud ocupacional.
Priorizando los factores de riesgo psicosocial con base en la agrupación estadística de los efectos negativos sobre el trabajo o los trabajadores. Los factores de riesgo que se encuentran en nivel alto o muy alto requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Para casos agudos es necesario desarrollar programas de intervención en crisis.
Esta categoría requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica
La periodicidad de la evaluación dependerá del criterio del especialista a cargo de determinar el nivel de riesgo, quien debe emitir las recomendaciones del plan de intervención y de la frecuencia de la evaluación.